Existen mecanismos para que tanto el público como la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) hagan que se aplique a cabalidad el decreto para el crédito de vivienda social, manifestó ayer el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén.
En un recorrido realizado por este medio a entidades financieras de esta ciudad, se pudo verificar que, a pesar de la vigencia del Decreto Supremo 1842, de diciembre de 2013, para acceder al crédito de vivienda social, enmarcado en la nueva ley de bancos, las entidades financieras aún aplican sus políticas.
En una entrevista publicada esta semana, el ministro de Economía, Luis Arce, explicó que hay aspectos que la nueva norma flexibiliza para hacer accesible el crédito. Entre ellos, citó que se amplió el porcentaje de afectación al ingreso de 25 a 40 por ciento; que debe haber aporte propio pero que si la vivienda cuesta más de lo que se pide por ella, ese excedente se puede tomar en cuenta como aporte del prestatario; que el crédito para anticrético se rige bajo las mismas condiciones de tasa y plazo o que se puede demostrar mayor capacidad de pago para incrementar el porcentaje de afectación al ingreso.
Sin embargo, los bancos consultados no aplican estos parámetros uniformemente. En el Banco Unión, por ejemplo, el excedente en el valor de la vivienda a adquirir no se toma en cuenta como parte del aporte propio.
En el Banco Bisa el crédito de anticrético no exige hipoteca y el plazo es de cinco años, pero se pide un garante personal que demuestre patrimonio.
En el Banco Fortaleza, el crédito para anticrético es sólo a tres años y no se toma en cuenta la capacidad de pago. Para compra de vivienda, el aporte propio debe ser de 30 por ciento.
El porcentaje de afectación del salario sólo llega a 32 por ciento en el BNB y el decreto no se aplica al anticrético.
En el BCP señala que el salario puede ser afectado hasta poco más de 30 por ciento y que se ampliará hasta el 40 por ciento cuando se apruebe un instructivo (algo que ya está fijado en el decreto); este banco evalúa la capacidad de pago de acuerdo a si el solicitante es cliente VIP, es nuevo o si le pagan su sueldo en esa entidad y para el crédito de anticrético exige haber vivido dos años en el inmueble.
En el Banco Mercantil Santa Cruz no hay crédito para anticrético con las mismas condiciones que el de vivienda y tampoco se toma en cuenta la mayor capacidad de pago del solicitante.
La mayoría de los bancos pide un aporte propio del 15 a 20 por ciento, el Banco Los Andes es el único que ofrece financiar hasta el 100 por ciento de una vivienda, previa evaluación.
Ante este panorama, Guillén dijo que la ley fue trabajada con la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), por tanto es de su conocimiento; sin embargo, señaló que es normal que se presenten problemas en la aplicación de una ley que supone un giro de 180 grados en la normativa bancaria del país.
Es por eso que pidió al público un uso “intensivo” de los puntos de reclamo y de la Defensoría del Usuario Financiero, lo que permitirá a la ASFI rastrar las falencias en la aplicación. Destacó que es importante que la ASFI cumpla su rol fiscalizador pues es por eso que tiene presencia en los 9 departamentos del país.
Sobre el tema, el secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos, dijo que la aplicación de la norma es uniforme, aunque los bancos tienen políticas diferenciadas y aclaró que Asoban es una entidad gremial y que la fiscalización le corresponde a la ASFI.
Falta información
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, dijo ayer que uno de los principales problemas para aplicar la nueva normativa en la banca es la falta de información.
Es por eso, dijo, que el Ministerio de Economía comenzó una campaña de socialización por todo el país y alista una línea gratuita para consultas. Añadió que esta semana se probó atender consultas vía Facebook, con un “avalancha” de participantes.
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