Según el apoderado del edificio que colapsó el 17 de octubre en la zona de Miraflores, Gabriel Íñiguez, una vez que el nuevo inmueble comprometido por Pro Urban -empresa acusada de provocar el derrumbe- sea entregado, él devolverá los anticréticos a los inquilinos que deseen retirarse del inmueble, pero mediante el traspaso del contrato a otra persona interesada.
“A ninguno de mis inquilinos se les va a aumentar un solo peso por más que (el edificio nuevo) sea de lujo y todo moderno, como ellos (Pro Urban) han indicado”, afirmó Íñiguez.
El miércoles de la semana pasada, parte de un edificio de cinco pisos de la avenida Argentina se derrumbó, presuntamente por excavaciones “agresivas” realizadas en el terreno contiguo por la constructora Pro Urban, que pretende erigir un inmueble de 22 pisos.
Para resolver el problema, la empresa se comprometió a construir un edificio de seis pisos en lugar del colapsado. Así, según el abogado de Pro Urban, Sergio Medina, los damnificados podrán habitar en el inmueble nuevo y los propietarios deberán responder por los anticréticos.
“Como su (futuro) edificio será legal y estará en buenas condiciones (el dueño) podrá cobrar más por los traspasos de anticréticos”, afirmó Medina.
Íñiguez anticipó que cobrará más por concepto de anticrético a los nuevos inquilinos interesados en habitar en el inmueble. “Con el traspaso, en vez de devolver un anticrético voy a poder devolver dos”, afirmó.
El apoderado indicó que debe dinero a 35 anticresistas, de los cuales 28 vivían en el edificio que se desplomó; el resto había dado un adelanto para reservar espacios para vivir.
La deuda asciende a más de 200 mil dólares, según el apoderado, pues arrendaba desde habitaciones hasta departamentos, en 8.000 hasta 15.000 dólares.
El abogado de Pro Urban aseveró que el nuevo edificio albergará a los 35 anticresistas y que tardará seis meses en ser construido, una vez que la comuna paceña apruebe los planos de construcción.
Para ayer estaba prevista la firma de un acuerdo que oficializaría este plan, entre la empresa constructora, los propietarios del inmueble y los damnificados. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición (20:00), este medio no pudo confirmar si el convenio finalmente fue cerrado.
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