“Dos grupos especializados de demolición controlada ingresaron a demoler (el edificio) con herramientas como demoledores de hombros, barretas, picotas y otros. Es muy necesario que cada uno de los grupos esté equipado con material de ascenso, descenso, arneses y cuerdas”, explicó el comandante del GAEM, Víctor Palma.
El funcionario edil aclaró que el trabajo es preventivo y apunta a aminorar el riesgo de desplome de todo el edificio y que esto, a su vez, afecte a casas aledañas.
La labor comenzó en un depósito situado en la planta baja y en los dos primeros pisos del inmueble que todavía se encontraba en pie. Con el derrumbe se vino abajo un bloque del edificio, es decir que éste se partió en dos, pero de manera vertical.
Palma aseguró que los enseres que estaban dentro de la infraestructura fueron recuperados y devueltos a sus propietarios.
La autorización para la demolición fue dada por el apoderado del edificio, Gabriel Íñiguez, quien firmó ayer un documento otorgado por el subalcalde del macrodistrito Centro, Ramiro Burgos. Según Íñiguez, su edificio “nunca” iba a colapsar si no fuera por los “malos trabajos” realizados por Pro Urban.
En criterio de Mario Galindo, de la Sociedad de Ingenieros de La Paz, el edificio era una “bomba de tiempo”. Éste “iba a caer de todas formas. La estructura fue construida sobre adobe, sin planos, sin medidas de seguridad; es totalmente ilegal”, apuntó.
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