Gabriel Íñiguez, apoderado del edificio que se desplomó en la zona de Miraflores, afirmó ayer que no devolverá el dinero de los contratos de anticrético que firmó con sus 36 inquilinos y atribuyó dicha responsabilidad a la empresa constructora Pro Urban, acusada de producir el colapso del inmueble.
Según Íñiguez, la deuda contraída por concepto de anticrético asciende a 200 mil dólares.
Sergio Medina, abogado de Pro Urban, afirmó a ATB que la empresa está dispuesta a resarcir ciertos daños; sin embargo, debe haber un acuerdo con Íñiguez, a fin de que éste también asuma responsabilidad, pues el inmueble tenía carácter ilegal.
“A mí que la empresa no me devuelva nada, si quiere le regalo mi edificio, pero debe devolverles a todos mis inquilinos los anticréticos y sus pertenencias”, afirmó Íñiguez.
El jefe de operaciones de Pro Urban, Alberto Fernández, afirmó que en las primeras negociaciones con Íñiguez y los damnificados, la empresa estaba dispuesta a resarcir el 50% de los daños, pero el apoderado del edificio no aceptó.
Por su parte, los afectados exigen la devolución del dinero de sus anticréticos, que va desde 8.000 hasta 15.000 dólares, por el uso de habitaciones y departamentos. No les importa quién les devuelva el dinero, sólo piden recuperar su inversión.
“Recuperé hoy (ayer) todas mis cosas porque no se dañaron, pero me preocupan los 8.000 dólares. Sea Pro Urban o el señor Íñiguez, pero me tienen que devolver”, dijo uno de los afectados, que prefirió no identificarse.
El dirigente de la Junta de Vecinos y del Comité de Defensa de Miraflores, Álvaro Cortez, afirmó que los damnificados desean el 100% de resarcimiento, de lo contrario -dijo- asumirán medidas de presión.
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