Un grupo de personas construye supuestamente de manera ilegal viviendas en predios de la Urbanización de Viviendas de Médicos (Avima), ubicada en el municipio de Palca, denunció ayer una de las propietarias.
María Postnikova, afectada por las construcciones ilegales en los terrenos de Avima, explicó que las edificaciones se producen desde hace dos años, dirigidas presuntamente por un loteador.
Recordó que una reunión realizada en la población de Palca, el 21 de enero pasado, Postnikova reconoció a una concejala por del Movimiento Ciudadano del Pueblo Nueva Generación como la persona que construyó en su terreno.
En ese marco, el 24 de enero amplió la denuncia contra la sindicada por falsedad material, uso de instrumento falsificado, uso indebido de influencia y asociación delictiva. Los mismos delitos por los cuales fueron acusados los 16 supuestos avasalladores comandados por P.S.M.
Sobre el tema, el alcalde de Palca, René Aruquipa, informó que está a la espera de la conclusión del proceso judicial para tomar las acciones que correspondan a su jurisdicción territorial. Confirmó que los dueños de la urbanización cuentan con la documentación legal y que pagan impuestos anuales de sus predios.
El burgomaestre aseguró que la Alcaldía de Palca no autorizó esas construcciones y que más bien ya notificaron a los supuestos avasalladores para que presenten documentación que acredite su propiedad y que hasta la fecha no lo hicieron.
“Como no tienen documentación, entonces son personas que no tienen propiedad. En cambio los de la otra parte (urbanización Avima) presentaron sus documentos”, manifestó.
Aruquipa lamentó que una concejala esté “supuestamente” involucrada en este conflicto, pero esperará el fallo judicial para tomar acciones correspondientes.
Según Postnikova, la concejala habría manifestado que compró los terrenos donde construyó y que intervino en la tramitación -ante Electropaz y EPSAS- de la instalación de energía eléctrica y de una pileta de agua en la mencionada urbanización.
El caso está siendo procesado en el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de La Paz, donde ya se presentaron los denunciados alegando que esos terrenos eran de sus progenitores, los dueños originarios, aunque no presentaron la documentación que respalde su versión.
La defensa de sus terrenos -por parte de los propietarios de la urbanización- derivó en varios enfrentamientos con los avasalladores, quienes los agredieron físicamente, por lo cual son procesados por la comisión de lesiones graves y tentativa de asesinato, según la resolución del juez Carlos Guerrero.
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