La reciente visita a OPINIÓN del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, dio lugar a una larga entrevista sobre la gestión económica del Gobierno de Evo Morales. Esta edición recoge las apreciaciones y previsiones del ministro en torno a la Ley de Servicios Financieros (393)-ya vigente, pero aún en proceso de reglamentación- , su incidencia sobre la banca y su apuesta por el crédito de vivienda social. En siguientes ediciones se publicarán las restantes partes de la entrevista.
P. ¿Cuáles son los objetivos de largo alcance de la Ley de Servicios Financieros?
R. Primero, lo que nosotros pretendemos es nivelar las dos partes del negocio financiero: del que presta los servicios y del que utiliza o recibe los servicios financieros. La vieja Ley de Bancos y Entidades Financieras se llamaba así porque protegía al empresario, a la entidad. Nada para el consumidor de servicios, nada para el usuario. Más bien, lo ponía contra la pared. No había mercado, en realidad, había dictadura de los bancos. Eso había que nivelar: los derechos de la gente a recibir un buen trato, a que no le cobren más de lo que debe pagar por los servicios financieros. Ahora, entra el Estado a regular los contratos de crédito, las comisiones que van a pagar, las tasas de interés en lo productivo y en la vivienda social, las tasas de interés que le van a pagar a la gente.
El segundo objetivo que se tiene es darle un rol a la banca. Hasta ahora, solamente se llenaba los bolsillos de plata, nada más. ¿Qué hacía para el sector productivo, para los bolivianos? Por eso, le hemos dado un rol: apoyar al sector productivo y resolver el problema de la vivienda social.
P. ¿Cómo se ha encarado el asunto de la vivienda social?
R. Ha sido otra pelea que he tenido con el sector financiero. Ellos decían que vivienda social es una casita ch´apicita de 20 mil o 25 mil dólares y querían que hasta ahí nomás llegara el crédito de vivienda social. Pero dijimos que no y hemos peleado hasta poner el tope de 100 mil y 120 mil UFV (Unidades de Fomento a la Vivienda). Y voy a explicar por qué lo hicimos.
Primero, hemos sacado en todo este tiempo (de gestión de Evo Morales) cerca de 2 millones de personas de la pobreza y hemos engrosado la clase media. Entonces, las políticas tienen que, gradualmente, tender a mejorar a la clase media. Hasta ahora, hemos apuntado a la gente pobre, a la gente del área rural, porque nunca había recibido apoyo. Hemos ido convirtiendo a esa gente a la clase media y ahora no tenemos que abandonarla. La clase media no quiere una casita de 25 mil o 35 mil dólares, porque ya tiene otras necesidades. Querrá tener su departamentito, su casita. Por eso hemos puesto ya un monto elevado, porque no solamente apuntamos a la gente de escasos recursos, sino también a la clase media. Para nosotros eso sigue siendo vivienda social. También la clase media necesita ir mejorando sus condiciones de vida.
P. Además de esta elevación del monto de préstamo, ¿cuáles son las facilidades que se le abrirán a la población para acceder a los créditos de vivienda social?
R. Varias. Estamos incorporando dos instrumentos interesantes para la compra de vivienda. Uno es el leasing de vivienda. Así como hay leasing financiero cuando, por ejemplo, se alquila una maquinaria y lo que se paga por su alquiler luego se convierte en forma de pago de la misma maquinaria, creemos que eso se puede aplicar a la vivienda. Mucha gente vive en alquiler, lo va pagando y, si hay un contrato de por medio para que mañana eso pueda servir como parte del pago (del inmueble), qué mejor. Ese es un leasing de vivienda, aprobado en la ley.
Otro es el de las garantías no convencionales. Ya no solamente van a servir las viviendas o los inmuebles como garantía. Las maquinarias, los bienes muebles también van a ser susceptibles de ser garantía. Hay gente que, con mucho esfuerzo, se compra un refrigeradorcito, su cocinita, su living y pone toda su plata en eso. Cuando va al banco, no tiene con qué garantizar un crédito. Entonces, hemos visto que la gente humilde, la que menos tiene, no tiene un inmueble para garantizar un préstamo, pero sí tiene lo poco que se ha comprado. A esa gente le va a doler desprenderse de su cocinita o de su refrigerador más que a cualquiera, así que esos bienes hemos decidido que sean garantía.
Por supuesto, para operativizar esto, a sabiendas de la viveza criolla en nuestro país, va a haber un registro para que, por ejemplo, una persona no ponga de garantía su refrigerador en 20 bancos (risas). En el campo, las motoniveladoras, los tractores que se han comprado las comunidades o el propio ganado, que es lo que más cuida el campesino, también va a ser susceptible de ser garantía. Eso hubiera sido antes imposible en la mentalidad de un banco.
P. ¿Y eso lo han aceptado los bancos?
R. Sí, a regañadientes, pero han tenido que aceptarlo.
P. Pero, en la práctica, ¿cómo va a funcionar este sistema?
R. La parte práctica la estamos trabajando en la reglamentación. Va a haber inscripciones. No va a ser tampoco fácil tomarnos el pelo. Sabemos que, como hay buenos bolivianos, que son la mayoría, hay también una minoría que se aviva. Por eso, habrá registro y en eso participarán las comunidades. Vamos a tener controles para que no se nos escapen eventuales irregularidades para que este elemento, que va a ser muy provechoso para la gente, nos permita cuidarnos también de las malas personas que van a querer meterle uña a esto. Sabemos de la existencia de ese tipo de gente, así que la reglamentación va en los dos sentidos: para precautelar al banco de que no le tomen el pelo, pero sin dejar de favorecer a la gente que necesita presentar ese tipo de bienes como garantía.
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