Un estudio de la fundación sostiene que en Bolivia hay una oferta de 430 mil unidades habitacionales, cuando el déficit a nivel nacional alcanza a 330 mil.
FERNANDO CARRAFA
Cambio
Una evaluación realizada por la fundación Red Hábitat sostiene que el déficit de viviendas no es un problema en el país, pues la oferta de unidades habitacionales supera a la demanda en alrededor de 100 mil casas.
"Según estimaciones que nosotros tenemos, hay un sobrestock de viviendas que tranquilamente podría compensar las viviendas deficitarias, es decir que tenemos una sobreoferta estimada de 430 mil casas y 330 mil en déficit que pueden compensarse", sostuvo la coordinadora del proyecto Derecho Humano a la Vivienda de la Red Hábitat, Anelise Meléndez.
De acuerdo con la entidad, Bolivia tiene un parque habitacional de 2,2 millones de unidades aproximadamente.
La tasa de crecimiento anual de vivienda es de 3,2%, mientras que la de población 2,1%, es decir que el sector habitacional tiene un ritmo de crecimiento mayor a la masa poblacional.
"Esa población que vive sin techo representa la misma cantidad de viviendas desocupadas que no cumplen la función económica y social, (es decir) cuando uno ve que hay edificios y una familia ocupa sólo un piso y los demás están desocupados", aseveró Meléndez.
Explicó que si esos ambientes desocupados tuvieran un alquiler razonable, esto podría beneficiar a otras familias que en la actualidad no cuentan con un bien inmueble.
En criterio de Meléndez, una forma de incentivar la aplicación de un alquiler razonable en estas casas desocupadas es que se les imponga a sus propietarios un mayor monto de impuestos, que les induciría a ocupar sus espacios habitacionales.
En ese sentido, la ejecutiva de la Red Hábitat argumentó que la problemática de vivienda en Bolivia también tiene carácter cualitativo porque son inseguras tanto en su infraestructura como en su parte jurídica, tomando en cuenta que el 60% de la población que tiene una casa no cuenta con su título de propiedad.
Otra de las falencias, según la Red Hábitat, es la construcción de viviendas sin la debida planificación y autorización de los municipios, pues los propietarios edifican sus casas en terrenos no aptos para ser habitados y, además, carecen de servicios básicos como agua y alcantarillado.
Según los datos del viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bonny Morales, el déficit de vivienda cualitativo alcanza a un millón en el país, 67% de los cuales se encuentra en el área urbana y 33% en el área rural.
Morales manifestó que el déficit cualitativo habitacional se debe a que las construcciones son realizadas por los propios pobladores sin apoyo técnico ni normas que dirijan su buena edificación.
DATOS
Según la Red Hábitat, existe una sobreoferta de viviendas que puede cubrir el déficit cuantitativo actual.
La entidad plantea subir los impuestos a las casas que no cumplen con la función económica y social, para que de alguna manera los anime a dar en alquiler los espacios desocupados.
El cobro de mayores tributos podría ayudar a mejorar las casas en situación de precariedad.
DEMANDAS Y APOYO
Plantean que los créditos sean más accesibles
La fundación Red Hábitat planteó al Gobierno gestionar con el sector financiero mayores créditos para que la población tenga más acceso a una vivienda.
"Las políticas de mejora de vivienda debe concentrarse en financiamientos solidarios, con asistencia técnica, que se genere un banco de materiales para abaratar los costos de adquisición de materiales en beneficio de la población", dijo la coordinadora del proyecto Derecho Humano a la Vivienda de la Red Hábitat, Anelise Meléndez.
Suelos urbanizados y atención de riesgos
El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales, informó que la política gubernamental prioriza el acceso a suelos, atención de riesgos y casas más seguras.
"La política estatal de vivienda se concentra en el acceso a suelos urbanizados, es decir, a viviendas, además de la atención de riesgos y desastres naturales que afectan a los hogares", sostuvo.
Agregó que esta tarea se realiza de manera conjunta con los gobiernos departamentales y municipales, para mejorar la atención en zonas riesgosas.
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