El continuo avasallamiento de terrenos en diferentes zonas de la ciudad por personas inescrupulosas, motivó al presidente de la comisión legal del Concejo Municipal, Germán Delgado, la presentación de una propuesta de aplicación de sanciones contra quienes efectúen la toma de terrenos, sin tener derecho propietario.
Delgado dijo que se debería incorporar en el Código Penal una sanción de 15 a 20 años de prisión, a quienes ocupen terrenos que no les pertenecen, porque solamente de esa forma se podría frenar esta clase de actitudes que se están convirtiendo en actos vandálicos.
Sin embargo, consideró que es necesario que esa iniciativa se pueda concretar mediante la Asamblea Plurinacional de Bolivia, a través de los parlamentarios, para que no se permitan nuevos enfrentamientos entre vecinos, como el que ocurrió el pasado jueves, en la zona Norte de la ciudad, donde una persona resultó gravemente herida.
La iniciativa también surgió en el seno de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Oruro, durante la marcha contra los avasalladores, exigiéndose la modificación del Código Penal, para que se incorpore el delito de avasallamiento de terrenos, con el objetivo de devolver la paz y la tranquilidad a los dueños legítimos.
“Hay miles de personas que durante los últimos seis años han perdido sus terrenos, a pesar de haberlos comprado. Los avasalladores están viendo un terreno vacío y empiezan a construir sus casas, sin respetar la línea y nivel y sin tener planos aprobados por la misma Alcaldía Municipal”, afirmó la presidenta del Comité Cívico de Oruro, Sonia Saavedra.
Señalo que todos los días ocurren esta clase de problemas en diferentes zonas de la ciudad y no es posible que las autoridades del gobierno nacional y departamental sigan mirando desde el balcón esta clase de problemas que ocurren especialmente en Oruro.
“Incluso se han apoderado de los terrenos de la urbanización de la Prensa. Si a los periodistas les hacen eso, cómo será con miles de pobres que están deambulando para que alguna autoridad les atienda y resuelva este problema”, dijo.
Por su parte, el presidente de la comisión jurídica del Comité Cívico de Oruro, Guido Molina, dijo que la iniciativa de la Federación de Juntas Vecinales debe ser respaldada para que el avasallamiento de terrenos se pueda incorporar como un delito con una sanción de 10 a 20 años de prisión. En ese sentido, explicó que se preparará un proyecto de ley que permita frenar esta clase de problemas que han surgido en el país y que nadie se atreve a frenar los abusos de la gente que ocupa un terreno y después lo vende.
El Ministerio Público no se animó a procesar a los avasalladores, sino bajo presión de los vecinos. Uno de los presuntos instigadores de éstos es Luis Alegría que, según el informe oficial del Ministerio Público, tiene 13 denuncias, pero que los casos están estancados, porque no se puede iniciar un proceso contra él por estelionato, porque ese delito se refiere generalmente a la venta de bienes muebles como si fueran suyos; en cambio, se podría procesar el caso por el delito de despojo, aunque no se ajusta a la realidad que vive el pueblo de Oruro.
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