A media mañana del jueves, y por orden del juez Tercero de Instrucción en lo Penal, Fernando Orellana, dos retroexcavadoras ingresaron y derrumbaron la casa de Mamani y otras 200, que eran habitadas por 304 familias.
La Almacenera Boliviana S.A. (ALBO) asegura tener todos los respaldos legales que certifican su propiedad sobre estos terrenos, aseveró un funcionario de la misma.
Al igual que Mamani, Samuel Soliz lamentó que su casa de tres pisos, que tuvo un costo estimado de $us 35.000, se encuentre bajo los escombros. Soliz observó que antes de la demolición no recibió ninguna notificación de parte de ALBO para que desalojara.
Frente al embardado de más de 20 hectáreas, una decena de vecinos afectados improvisaron una reunión bajo una carpa que los resguarda del frío y de la lluvia. Se organizan para la contratación de un ‘buen abogado’ que gestione la libertad de un grupo de personas arrestadas el jueves durante el ingreso ‘violento’ de los policías.
Los vecinos gestionan además una compensación económica de parte de ALBO por daños y perjuicios a favor de los afectados. Otro grupo se contactó con Derechos Humanos para que tramitara una pronta solución. Entretanto, unos 20 policías habitan, por turnos, una de las casas que no fueron derribadas, mientras tres retroexcavadoras y una cuadrilla de obreros limpian el lugar.
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