De manera repentina pero cumpliendo una orden judicial de Fernando Orellana, Juez 3ro. en lo Penal, la policía procedió ayer a la demolición de viviendas que todavía quedaban en pie en el proceso de desalojo iniciado el 19 de diciembre de 2011.
Se trata de 304 familias ilegalmente asentadas desde hace cinco años en los predios de la Aduana Nacional, hoy ocupado por la empresa Albo S. A.
La demolición tuvo lugar en la zona este, entre el quinto y sexto anillo de la ciudad. El barrio denominado "Ferroviario", contaba con modernas edificaciones. "Esto es una injusticia que no tiene comparación", decía casi llorando Jenny Mamani, al contemplar desde un hueco del predio cercado, la demolición de su vivienda valuada en 40 mil dólares.
Implacable trabajo. La intervención policial, con desplazamiento de maquinarias y retroexcavadora, permitió el cumplimiento de la orden judicial de demolición de las viviendas de avasalladores.
Todo se inició a primeras horas de la mañana, cuando un contingente policial y varias maquinarias ingresaron al predio cercado por una extensa muralla perimetral, para proceder con el trabajo.
Según Veruzka Ivanov, una vecina de la zona afectada, ellos ingresaron a ocupar hace cinco años un predio que lucía hasta ese entonces "todo monte", como área de equipamiento.
"Hace cinco años ingresamos porque dice que era un predio que no cumplía una función social y de paso era para los trabajadores ferroviarios", narró la supuesta damnificada del hecho.
Por su parte, Ronal Conde, uno de los representantes del Barrio "Ferroviario", reconoció que evidentemente no cuentan con documentos que les acrediten el derecho propietario.
Una propiedad a favor de Aduana. Pese al hermetismo de las autoridades judiciales, El Día pudo conocer que dicho predio de 35 hectáreas fue históricamente de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).
En 1972, por Decreto Ley 10032 del gobierno dictatorial de Hugo Banzer Suárez fue concedido a la ferroviaria.
Mas tarde, en el 2001, siendo ENFE residual, mediante Decreto 27765 del Gobierno de Jorge Quiroga, el predio pasa a favor de la Aduana Nacional. Los ocupantes denuncian que solo fueron dos hectáreas de las 35. Además, la norma autoriza inscribir el derecho propietaria a favor de ésta institución estatal.
Para este 18 de julio, según dicen las víctimas del desalojo, se tiene previsto una inspección con presencia del Fiscal Carlos Candia y el Defensor del Pueblo.
"La casa de mi madre la volaron al comienzo de este año.
Estamos resignadas a perderlo todo. Es mucha plata y mucha injusticia a la vez".
María Cleí
Vecina
""Nosotros hemos ocupado estos predios sabiendo que era del Estado.
Incluso hemos presentado un proyecto de Ley, la misma que sigue en el parlamento".
Ronald Conde
Dirigente del Barrio "Ferroviario"
"La construcción de mi vivienda costó 60 mil dólares
"Se me secaron las lágrimas. Es mucho dinero lo que perdemos. Vamos ha demandar por todo esto".
Ana Rendón
Propietaria de Inmueble de dos pisos.
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