Los adjudicatarios y representantes de las urbanizaciones de La Florida, La Pradera, San Pedro de Totora, Arco Iris y Majarisi, afirmaron ayer tras mostrar trámites, que todos sus documentos están en orden y aprobados por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO).
"Las cinco urbanizaciones estamos presentando los documentos aprobados legalmente, por ejemplo el de la urbanización La Pradera fue aprobado el 2002, la urbanización cinco años antes. Todas estas urbanizaciones estamos presentando documentos legalmente aprobados con los impuestos al día y los documentos georeferenciales y los trámites se hicieron según lo establecido por la Alcaldía Municipal", manifestó el representante, Félix Vásquez.
Reiteró que están con los documentos al día, frente a la posición expresada en nuestro matutino el 30 de noviembre pasado, por el ciudadano René Callejas mediante un aviso pagado, en el que menciona que estás urbanizaciones no tendrían documentos, principalmente el georeferencial que emite el Instituto Geográfico Militar (IGM).
Sin embargo, los representantes de las cinco urbanizaciones presentaron sus trámites al día y aprobados por esa instancia militar.
"Estamos mostrando los documentos para que no nos digan que no tenemos documentos regularizados, por eso estamos haciendo esta aclaración y sí tenemos los documentos legales", señaló.
Argumentó que las urbanizaciones fueron inscritas en Derechos Reales el 2003, año en que se emitieron los primeros testimonios de propiedad de los adjudicatarios de esas urbanizaciones.
Asimismo, Vásquez manifestó que en las urbanizaciones señaladas ya se tienen construcciones, casas, muros y en otros existen cimientos. Añadió que existen proyectos de electrificación, agua potable, que están consolidados para las cinco urbanizaciones.
"Solo falta la instalación domiciliaria a estas urbanizaciones, por eso nosotros decimos que SeLA y otras empresas no nos darían curso si no tendríamos los documentos aprobados por la Alcaldía, según los requisitos que existe", afirmó.
Vásquez e indicó que el ciudadano Callejas no tiene conocimiento de los documentos que poseen las urbanizaciones.
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