El concejal Jorge Silva indicó que desde la gestión del MSM (2002) la Alcaldía es el refugio de partidos políticos como el MIR, ADN y MNR, entre otros.
“He contratado a un albañil para que levante unos cuartitos en mi terreno y no puedo hacer los papeles del catastro porque mi zona no tiene planimetría. ¿Qué puedo hacer si mis días como inquilino ya están contados?”, cuestionó Antonio Choque, vecino de la urbanización El Prado, en Cotahuma.
Con una serie de documentos en mano, don Antonio asegura que el drama para su familia no termina allí, pues para acceder a los servicios de agua potable y energía eléctrica tiene que pasar por “otro calvario” entre ‘montañas’ de papeles y trámites interminables que lo perjudican en los días de trabajo.
El concejal por el Movimiento Al Socialismo (MSM) Jorge Silva consideró que, así como don Antonio, muchos vecinos están desamparados debido a la burocracia de los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), entidad que fomenta las construcciones ilegales.
Datos oficiales de años anteriores dan cuenta de que en la ciudad de La Paz más de 157 mil inmuebles o construcciones estaban fuera de norma, de las más de 250 mil que tenía la urbe, es decir, alrededor del 63 por ciento.
“La burocracia que hay dentro de la Alcaldía impide que se cumplan los plazos establecidos para aprobar los planos de las construcciones y el registro de los planos catastrales. Tardan tanto que el dueño decide ejecutar la obra por su cuenta”, indicó Silva en una entrevista con Cambio.
Resabios del neoliberalismo
La autoridad consideró que estas acciones son la muestra clara de que, pese al proceso de cambio que vive el país, los políticos neoliberales sobreviven a cuestas de la Alcaldía paceña, “bajo la tutela del alcalde Luis Revilla, partidario del Movimiento Sin Miedo (MSM), y de los adeptos que controlan el concejo municipal paceño”.
En criterio del concejal masista, el caso del edificio El Alcázar es uno de los problemas actuales que permite visibilizar los “acuerdos políticos” que impiden sancionar a la empresa por una mala construcción y que también evitan un proceso administrativo contra funcionarios o ex funcionarios del Ejecutivo municipal, quienes durante más de 16 años permitieron la existencia de una construcción ilegal que ahora se encuentra en peligro de desmoronamiento.
Empresas en el poder
“Dentro del Gobierno Municipal de La Paz hay convenios políticos que Revilla debe cumplir, ya que en la campaña electoral del MSM muchas empresas constructoras apoyaron su candidatura y ahora él debe responder”, explicó Silva, quien agregó que por ello el burgomaestre deja de lado su rol para actuar de manera “servil” y saldar sus deudas pendientes.
El concejal Silva afirmó que el Ejecutivo y el Legislativo municipal lamentablemente están bajo el mando del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y de Acción Democrática Nacionalista (ADN), además de tener muchos vínculos empresariales.
Acciones de privatización
En opinión de Silva, los espacios para los paceños “ya no les pertenecen a los vecinos”, porque todos están privatizados como en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR).
“Ya no tenemos acceso libre a las canchas, debemos pagar, así también para los baños, plazas y paseos, entre otros espacios”, manifestó.
DATOS
• Según datos de años anteriores, en la ciudad de La Paz existían más de 157 mil inmuebles o construcciones fuera de norma, de las más de 250 mil que tenía la urbe.
• La burocracia municipal del MSM y los largos trámites provocan que los vecinos decidan hacer las obras por su cuenta.
Revilla debe informes de al menos siete obras
El concejal del MAS Jorge Silva afirmó que la alcalde municipal de La Paz, Luis Revilla, debe informes al Consejo Municipal de al menos siete obras ejecutadas que presentan irregularidades en su construcción.
“El mercado La Bolita, Lanza y Camacho, la avenida del Poeta, el megadeslizamiento, el puente gemelo, el proyecto de transporte masivo y el contrato de buses que ha firmado son los informes pendientes”, indicó Silva.
Según la autoridad, la falta de respuestas a las solicitudes responde al diseño institucional neoliberal de la Alcaldía, en la que el Consejo Municipal sólo protege las irregularidades del Movimiento Sin Miedo (MSM). “El Consejo no cumple su rol fiscalizador. No podemos interpelar al Ejecutivo porque no tenemos dos tercios y tampoco podemos recurrir al Ministerio Público porque alegan persecución política”, justificó.
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