La Alcaldía de La Paz prevé que la elaboración y aprobación de una nueva norma municipal para regular las construcciones se haga efectiva a inicios de 2013. Ésta buscaría llenar el vacío jurídico del Reglamento Boliviano de Construcciones, elaborado por el Viceministerio de Urbanismo y Vivienda, reportó Oxígeno.
Esta norma “sería elaborada y aprobada a inicios de 2013, en el marco de la vigencia de la autonomía municipal. Esta norma estaría orientada a regular los procesos de construcción de toda clase de edificaciones, considerando los materiales constitutivos y sistemas constructivos. También regularía la ejecución de todas las construcciones nuevas en todas sus modalidades”, detalla un comunicado del municipio paceño.
Con la norma también se busca establecer las obligaciones y responsabilidades de la administración municipal, pero también de los profesionales que intervienen en la construcción, como promotores, proyectistas, superintendente de obras (director de obras), residente de obra, fiscal de seguimiento de obras, especialistas en obras especiales, contratistas, supervisor de obras y el personal de las obras de la edificación.
La necesidad de una nueva normativa surgió nuevamente tras los ocurrido con el edificio El Alcázar, uno de cuyos pilares estructurales cedió y motivó la evacuación de emergencia de todos sus ocupantes. La comuna informó que el inmueble no cuenta con planos aprobados.
Actualmente rige el Decreto Municipal 13 (del 5 de noviembre de 2012), que es un modelo integral para la emisión de permisos de construcción y contempla tres fases.
La primera establece la preparación de los planos arquitectónicos a base de los requisitos e información proporcionada por el gobierno municipal.
La segunda se refiere a la presentación de esta documentación a las subalcaldías, para su aprobación provisional.
La tercera consiste en las inspecciones periódicas que realizará la Alcaldía a la construcción, para verificar que la misma se ejecute de acuerdo al permiso inicial concedido. Estas fases deben reflejar la realidad edificada y las modificaciones no deben afectar a los cálculos estructurales que garantizan la estabilidad del inmueble.
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